Durante los últimos 10 años el Centro José Guerrero de Granada ha sido un exitoso experimento cultural cuyos resultados le han permitido constituirse como un modelo en el panorama artístico de nuestro país y situando a Granada en un mapa artístico internacional.

El Centro surgió a partir de la voluntad de la familia del pintor, ejecutada con responsable generosidad, de poner a disposición de la ciudad el legado del artista. Una colección privada y la iniciativa institucional de la Diputación de Granada, han permitido profundizar en la obra de José Guerrero, contextualizando desde trabajos de investigación y creación, la importancia que esta tuvo y tiene para el arte español. El programa de exposiciones ha revisado paralelismos y conexiones internacionales, aspectos específicos de su pintura que han permitido nuevas lecturas de la colección y finalmente, también se ha recogido el trabajo de relevantes artistas de la escena internacional: un equilibrado programa entre colección permanente y exposiciones temporales, alternando seminarios, cursos, talleres y actividades de divulgación. En definitiva una actividad propia de una fundación.

Por todo ello resulta sorprendente que la Diputación de Granada, depositaria de este legado, intente ahora diluir el sentido que ha tenido el Centro durante este tiempo en el contexto de una imprecisa Fundación Granadina, cuya propuesta se ha elaborado sin un proyecto coherente avalado por profesionales del sector, sin transparencia, sin información ni debate público sobre su idoneidad, y lo que es más grave a espaldas del  proyecto del Centro Guerrero.

Era éste el momento en que se debía haber reforzado el Centro Guerrero, en vistas de sus resultados, y haber dado los pasos necesarios para su consolidación como fundación dotada de mayor autonomía. Por el contrario la actitud de la institución pone en peligro la continuidad del proyecto así como la propia permanencia del legado Guerrero en la ciudad de Granada, sin ofrecer ninguna garantía de que la nueva Fundación vaya a continuar por una senda de rigor profesional en su actividad cultural.

No se han ofrecido a la ciudadanía documentos que expliciten la acción que esta emprenderá. En su lugar ha sido emitido un discurso plagado de generalidades y lugares comunes, no se concreta ningún programa específico, y aunque se alude a ello, no se detalla el fondo patrimonial de la Diputación que supuestamente será objeto de estudio y divulgación, ni se justifica su importancia.

Hay que recordar a la Diputación de Granada que el modo en el que se está llevando la creación de la Fundación Granadina de Arte Contemporáneo, parece responder a periclitados métodos de autoritarismo político que, por su naturaleza, no deberían tener ya cabida en nuestro sistema democrático.

Los Estatutos que se proponen, reflejan un desconocimiento de la realidad cultural y artística de nuestro país y la información o calidad del asesoramiento es lo mínimo que puede exigirse a un cargo político.

El espíritu de estos Estatutos denota una clara voluntad de instrumentalización política de la cultura y un soberbio desprecio hacia el trabajo profesional de expertos, técnicos de la cultura y artistas, cuando no se contempla que estos puedan integrarse en el patronato, con voz y voto, dejando únicamente en manos de cargos políticos las decisiones últimas de la Fundación. Algo aún más grave es el tono de vaguedad e indeterminación con el que se abordan sus objetivos, así como el dirigismo que se advierte en la capacidad de un patronato político para establecer los contenidos de su programa.

Hay que recordar también a la Diputación de Granada que existe un Documento de Buenas Prácticas firmado durante el ministerio de Carmen Calvo, por el Ministerio de Cultura y las diversas asociaciones profesionales del sector artístico español en el que entre otros procedimientos se establece la conveniencia de que el patronato de los museos esté compuesto por expertos, estudiosos y artistas en una proporción del 33% al 50% de sus miembros.

En estas circunstancias y con estos precedentes, no debe extrañar ni sorprender a la Diputación de Granada que la ciudadanía, la sociedad civil y la comunidad artística española representada por sus asociaciones profesionales, así como por sus voces individuales, esté respondiendo con argumentos y razonadamente a esta ceremonia de la confusión generada por sus responsables.

Habría que precisar que el legado Guerrero no es de titularidad pública, sino privada, por lo que la creación de una Fundación Guerrero, con la participación de la familia y de la Diputación no es un proyecto que vaya contra el interés general, tal y como insinúan las declaraciones de los responsables políticos, a la vista de los resultados obtenidos en estos últimos 10 años por el Centro Guerrero.

Es indudable que lo que puede ir en contra del interés general es una institución cultural pública, financiada con dinero de los contribuyentes pero sin programa conocido, cuya responsabilidad y funcionamiento se reparten entre sí proporcionalmente representantes de los partidos políticos. Según los Estatutos, un técnico y en el mejor de los casos el director del Centro Guerrero, queda relegado al papel de un mero programador que cíclicamente deberá pasar el examen frente a un patronato político. El comité asesor es indefinido, sin voz ni voto, y parece asumir el papel de sancionar la voluntad de la mayoría política representada en el patronato.

¿Qué garantías de rigor profesional hay en este esquema?

La cultura no debe ser considerada como una herramienta política de control institucional, sino como un espacio de creación y de debate social que precisa libertad y sobre todo una ausencia de injerencia política.

El Centro Guerrero merecía haber sido tratado con otras maneras, pero aún hay tiempo para hacer bien las cosas.

Santiago Olmo

Crítico de arte y comisario de exposiciones independiente

Vicepresidente del Consejo de Críticos de Artes Visuales